Claro que es normal que a un vecino le moleste que en su calle, en su portal o en la acera del colegio de su hijo, putas, chulos y clientes afeen el paisaje urbano. Entre otras cosas porque es una actividad que acarrea incordios de todo tipo: ruidos, condones usados, problemas de seguridad. Y por supuesto que no están de más las campañas de concienciación para que quienes pagan por sexo sepan a lo que están contribuyendo en la inmensa mayoría de casos.
Ahora bien, perseguir a las prostitutas que ejercen en las calles y multar a sus clientes no es que sean medidas ineficientes. Es que son simples parches, atajos, chapuzas, lavados de cara y de conciencia destinados a que no veamos lo que sabemos que pasa. Es lo único importante: no verlo. Acabar con el tráfico de mujeres y con la violencia o liberar a las miles de esclavas sexuales que viven literalmente secuestradas en pisos o en clubs de carretera no es el objetivo.
De qué otra forma se explica que las restricciones que imponen las ordenanzas municipales se limiten a la vía pública, y que ninguno de los esfuerzos disuasorios se dirijan hacia los proxenetas o hacia las mafias que se lucran con la explotación de sus víctimas.
Y todo por ese ridículo rubor que provoca en opinión pública y gobernantes el planteamiento de la verdadera y única forma de lucha contra esa forma extrema de violencia de género: regularizar la prostitución.
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