Que sobre un asunto tan complejo como el aborto exista disparidad de criterios no sólo es lógico, sino sano. Está ocurriendo en el seno de los propios partidos políticos, pero también la discusión está en la calle, en las familias, en las parejas.
Resulta comprensible, por tanto, que se abra un debate social cuando el Ejecutivo se dispone a afrontar una reforma legal que difícilmente contentará a todos. Como puntos novedosos, ese nuevo texto recoge la demanda de muchos colectivos feministas para el establecimiento de una ley de plazos que ascenderá a 14semanas. Además, la reforma también contempla que la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo puedan tomarla las menores de 16 y 17 años sin consentimiento de sus padres. Independientemente de las posturas de cada cual, ambos puntos parecen perfectamente susceptibles de ser motivo de un intenso debate político y social.
Sin embargo, bien haría el Partido Popular en tener más cuidado a la hora de elegir "amistades" con las que compartir manifestaciones tras una pancarta.
Las asociaciones autodenominadas "pro-vida" (jamás se las vió en concentraciones contra el hambre en el mundo o contra las guerra de Irak o Afganistán), están posicionadas en un debate totalmente distinto a éste. Se declaran en contra del aborto en todas sus situaciones, incluyendo en las que la vida de la madre corre peligro o incluso en las que el embarazo se haya producido como consecuencia de una violación. Y a ese debate llegan 25 años tarde.
Como agravante, y en una posición aún más anquilosada (y escandalosa), estos grupos niegan rotundamente el uso de métodos anticonceptivos como el condón, rechanzando así las herramientas básicas disponibles no sólo para evitar los embarazos no deseados y, por tanto, el número de abortos, sino la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Que el principal partido de la oposición de este país se deje ver flirteando con los hooligans del catolicismo no deja de ser preocupante. Le aleja de nuevo del centro político que aspira a conquistar para, algún día, volver a ser una verdadera opción de gobierno. Y lo que es peor, empobrece un debate que, enfocado desde posiciones responsables, debería ser fundamental para enriquecer una reforma legal con la que la mayor parte de la sociedad española se encontrara cómoda.
